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Gasto, desconfianza y transparencia en educación

En su artículo en Milenio (18 de octubre), el subsecretario de Planeación, Coordinación y Evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, llegó a la conclusión de que el gasto en educación es ineficiente. Por eso aboga por cambiar la visión e invertir (no gastar) mejor.



Si uno ve el uso de los fondos del gobierno federal destinados a educación desde la lógica de la teoría del capital humano, el argumento del subsecretario es correcto. ¿Cómo no pensar que hay ineficiencia cuando 97% del presupuesto va para gasto corriente y, de ése, 91% para salarios y prestaciones? Además, el dispendio es incalculable.
Lo que no esclarece el subsecretario es cómo el gasto se comió la inversión. Aunque reconozco el valor de las herramientas de análisis de esa teoría, apuesto más al análisis político para entender las causas de ese desbarajuste. Y no se trata de encontrar culpables concretos, que sí los hay, pero el fenómeno es histórico.
El subsecretario Granados Roldán señala, además del malgasto en educación, otras fuentes causantes del embrollo presupuestal: 1) desequilibrios entre la asignación a los diferentes tipos y niveles. Más a educación superior y menos a básica; 2) disparidad entre gasto en general y por alumno; el primero crece, el segundo se estanca; y, 3) el descontrol que causó la descentralización educativa que, en lugar de transparencia y orden, trajo corrupción que el Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa, con todo y su centralización, no corrige todavía.
Estoy convencido —aunque el subsecretario no mencionó a un actor en particular— que pensaba en rectores de universidades y líderes sindicales. Los jefes de las universidades públicas estatales exigen más recursos, abogan por salvar a sus instituciones de la bancarrota (no hay quiebra técnica, pues no son empresas mercantiles), pero no hacen esfuerzos por limpiar sus finanzas ni arreglar el asunto de las pensiones. Claro, la culpa es del pasado, pero no se atreven a tocar ese punto.
Es más, no quieren disminuir sus ingresos como rectores. Un reportaje de Teresa Moreno (El Universal, 24 de octubre) pone en perspectiva el asunto. Nada más un ejemplo: Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, percibe ingresos brutos por 193 mil 210 pesos, 46% más que el gobernador del estado. Esto incluye: “Sueldo de profesor titular ‘B’ de tiempo completo por 43 mil 415 pesos; por profesor de asignatura “B”, nueve mil 500 pesos; la percepción como rector, 82 mil 947 pesos; monto de previsión social, mil 80 pesos; impuestos por 39 mil 597, y deducciones por contrato colectivo de trabajo de 16 mil 671 pesos”.
El caso del jefe nato de la UANL es paradigmático, pero no único: es rector y cobra como profesor de tiempo completo y de asignatura; además, el pago de impuestos (que, se supone, son sobre sus ingresos) y otros descuentos los carga a la nómina.
En educación básica el asunto no es menos turbio. No sólo más de 90% se va en salarios, los líderes del SNTE —aunque en menores proporciones que en el pasado reciente— siguen medrando, la SEP les proporciona medios para ello. Lilián Hernández (Excélsior, 23 de octubre) reporta que el SNTE recibió 290 millones de pesos del gobierno federal para difundir la Reforma Educativa y asuntos de fomento cultural. No hay informes sobre cómo utilizó esos fondos.
Mientras que todavía hay maestros interinos (o temporales en las universidades) mal pagados, hay altos funcionarios con ingresos abultados, sin contar rentas ocultas y dispendio en actos insustanciales. Eso genera desconfianza en las instituciones y sus jefes. Y, como señala el educador chileno Ricardo Hevia, la desconfianza carcome a la sociedad: “Hoy vivimos una crisis que no está asociada exclusivamente a la relación entre dinero y política; es más profunda y extendida. La credibilidad de las instituciones está en entredicho. Se sospecha de los empresarios, las autoridades de gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, las iglesias...” y las escuelas, se pudiera agregar.
La falta de transparencia, la rendición de cuentas falseada y declaraciones altisonantes de actores políticos pidiendo más dinero, agrandan la falta de credibilidad en las instituciones; la desconfianza resta legitimidad a la acción política.
En esas estamos y ningún presupuesto podrá solventar los aprietos en credibilidad en el corto plazo, aunque se invierta mejor y se gaste menos.
Autor:Exelcior. Fuente:http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2016/10/26/1124482