Como ya se ha dicho, los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre removieron mucho más que sólo la tierra. Entre otras cosas, hicieron visible -aunque sea por un pequeño espacio de tiempo- algunas de las desgracias que nos tienen en tan deplorable estado de salud nacional. Un cáncer, sin duda, son las condiciones en que miles de nuestros niños reciben educación, ese derecho inalienable de la niñez que en México es tan difícil y disparejo de acceder.

Según cifras que en su momento comunicó Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, los sismos dañaron 16 mil escuelas en 10 estados del país, de las cuales 275 serán reconstruidas en su totalidad. Sin embargo, se aseguró que el 95 % de los alumnos del país ya estaban de regreso en clases y la atención se centró, convenientemente, en las investigaciones alrededor de 2 instituciones educativas: el Colegio Rebsamen, las irregularidades de sus permisos, las obras en sus instalaciones y el hecho de que la directora vivía sobre la escuela. Y el Tecnológico de Monterrey Ciudad de México, al que no le alcanzó ser quien es para tener sus instalaciones en condiciones óptimas, manejar un correcto protocolo de evacuaciones o al menos asesorarse para hacer un buen manejo de crisis y comunicación.

Pero ¿qué pasa con los niños de esas 275 o 16 mil escuelas? ¿Cuándo y en qué condiciones se reparan o demuelen y reconstruyen esas instalaciones educativas? ¿Qué pasa mientras tanto con esos niños y la comunidad de padres de familia y maestros? ¿Por qué hay niños tomando clases a mitad de la calle en Chiapas, ante la nula respuesta de las autoridades municipales, estatales y de Educación Pública sobre los daños en sus instalaciones? ¿Por qué sabemos de pequeños que siguen sin regresar a la escuela porque no cuentan con “el dictamen” de la SEP para poder reiniciar labores?

Al comparecer ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del Quinto Informe de Gobierno, Nuño indicó que en Ciudad de México asisten a clases el 100 % de los alumnos, ya sea en aulas provisionales o en otros planteles. Lo que no se menciona es que, en las escuelas públicas, los grupos ya eran de entre 45 y 50 alumnos y que, efectivamente, al reasignarse alumnos a otros planteles, hoy hay aulas en las que 1 solo profesor tiene que atender a más de 60 niños. Tampoco se menciona, por ejemplo, que hay escuelas en las que los están recibiendo sólo por 2 ó 3 horas al día en un esfuerzo por dar atención a todos haciendo turnos. O que no hay suficientes libros de texto gratuitos, pues se asignan por matricula a cada escuela y no había extras. ¿Qué calidad de educación están dando? ¿Cómo terminarán los niños preparados este año escolar, más allá de qué calificaciones obtengan?

Al referirse a las 16 mil escuelas que tienen algún tipo de daño, Nuño comentó que “afortunadamente, 11 mil tienen daños menores que no son estructurales; pero requieren cambiar vidrios, puertas o algún tipo de resanamiento”, pero como siempre, quedó abierto y casi a la imaginación –como si este gobierno pudiera darse ese lujo- el cómo se harán esas reparaciones, como se asigna el presupuesto y cómo deben tramitarlo los directores de cada escuela. Sin embargo, platicando con familiares, amigos y compañeros de trabajo, uno se entera de que algunas escuelas están pidiendo “cuota voluntaria” a los padres de familia, por ejemplo, de $ 50 por alumno tan solo para poder hacer “la mudanza” de mobiliario para poder hacer reparaciones. Ni hacer la multiplicación y especular sobre el fin que tendrá lo que esa directaora recaudó. Pero ¿y qué otra cosa pueden hacer los padres, que sólo están buscando que sus hijos estén seguros, reciban educación y que ellos puedan regresar a trabajar y a su rutina, sin la preocupación de que hacer con los niños hoy?

La realidad es que padres de familia, maestros, directivos y alumnos dudan de los dictámenes de seguridad, cuestionan los mecanismos de reu­bicación y de reingreso de los estudiantes y hasta el procedimiento de evaluación que Nuño fijó para los próximos meses. Mientras que algunas escuelas -sobretodo privadas- tuvieron que pagar entre 10 y 20 mil pesos por el dictamen “gratuito” (que después les informaron tendrá una vigencia de sólo 3 meses, ups!), hay grupos de padres que cerraron calles en prácticamente todas las delegaciones capitalinas exigiendo nuevas evaluaciones estructurales de los planteles y que la Secretaría de Educación Pública se responsabilice de la seguridad de las clases.

Sólo por poner un ejemplo, el pasado 20 de octubre, el director operativo de la zona escolar 99, Juan Pablo Castellanos Alejandre, confirmó verbalmente que la secundaria pública 125 Pablo Casals, cercana a la zona de hospitales de la delegación Tlalpan, está en código rojo: el sismo provocó fisuras de hasta 2 milímetros en las columnas de su edificio principal y en las trabes de las aulas de talleres técnicos. Los padres de los 950 alumnos de la escuela más grande y representativa de la delegación Tlalpan, que ya se habían percatado de las fisuras, insistían desde principios de mes en que sus hijos no regresaran a las aulas. Gabriela Zúñiga, presidenta del Consejo Escolar de Participación Social, y Lourdes Vergara Sánchez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, dicen que en la Cédula Postsísmica y en el Dictamen Gratuito de Seguridad Estructural que elaboró el 6 de octubre el arquitecto y director responsable de obra, Carlos Badillo Corrales (DRO-1831), se indicó que la edificación era “segura” y con “bajo riesgo”. Ese mismo día la secundaria Pablo Casals apareció en la lista de las escuelas que podían reanudar clases, supuestamente porque la SEP avaló que no había sufrido daños estructurales y contaba con certificado de seguridad.

Mientras tanto, nos enteramos que el Gobierno Federal autorizó a la SEP rentar 10 pisos de oficinas en el antiguo Centro Bancomer, por 34 millones de pesos mensuales, pues “los compañeros de la SEP merecen buenas condiciones laborales”.

Los casos son muchos. Los peores, en las zonas rurales, más vulnerables y menos visibles del país. Es cierto que no son “la mayoría” pero también, tristemente, que hay algunos que ya venían de condiciones absolutamente inaceptables desde antes de los sismos. Es una realidad que en lo cotidiano, los mexicanos estamos inmersos en una vorágine de urgencias y emergencias que nos arrastran a lo inmediato, lo propio, lo cercano y unas ansias locas por olvidar, negar y dar vuelta a la página. Quizá sobre este tema particular no hay mucho que podamos hacer desde nuestras trincheras ciudadanas, no es algo sobre lo que podamos organizar una colecta, un centro de acopio o hacer voluntariado. Pero sin duda es algo que vale la pena voltear a ver, pensar, cuestionar y comentar. Es algo sobre lo que debemos exigir más empatía y mejor desempeño de nuestro gobierno, seamos o no padres, maestros o directos afectados. Después de todo, estamos hablando de lo más elemental del desarrollo de una sociedad: los niños y su educación.