Ante un escenario de esta magnitud, los antecedentes de las afectaciones en la matrícula de educación media superior y superior observadas en 2008-2009, pueden servir como referente del escenario sumamente complicado que se avecina para la cobertura de estos niveles educativos para este año y los subsecuentes (ver la gráfica 1). En 2008-2009, pese a la caída importante en la matrícula de educación media superior en las instituciones privadas, no se observó una disminución total en la cobertura en este nivel educativo. La “red” que las instituciones públicas brindaron a los jóvenes para poder seguir estudiando cuando la crisis de 2008-2009, hoy es inexistente porque ni siquiera en los años previos a esta crisis del covid (2018-2020), el país pudo garantizar espacios suficientes para los jóvenes que quisieran cursar estudios en estos niveles dentro de las aulas públicas. Muestra de ello son los últimos dos ciclos escolares en los que se acumula la caída de la matrícula de 11 de 21 subsistemas de EMS, provocando que el crecimiento de la matrícula pasara de 2.1 % en el ciclo escolar 2017-2018 a 0.1 % en 2018-2019 y a una disminución del 1.8 % en el ciclo 2019-2020. Ésta es la primera caída registrada para este nivel educativo en lo que va del siglo XXI. En un año se redujo el número de estudiantes en este nivel educativo (95,002 estudiantes menos), por lo que la matrícula pasó de 5,239,675 alumnos en el ciclo escolar 2018-2019 a 5 144 673 para el ciclo 2019-2020.


La cobertura en las instituciones privadas fueron las más afectadas durante la crisis de 2008-2009, registrando contracciones de hasta dos puntos porcentuales en su crecimiento, las cuales se estabilizaron hasta el 2012.1 En la crisis anterior, se observó un impacto diferenciado en la matrícula de EMS y ES en cada entidad federativa que no detallaremos en este espacio (ver gráfica 2) pero que nos permite suponer que ahora con la crisis provocada por la pandemia, los escenarios serán más complejos ante la crisis por la covid-19 por dos razones esenciales: En primer lugar —a diferencia de hace 12 años— el sistema público no parece contar con los elementos suficientes para tender una red de protección y absorber a estos jóvenes para migrar del sistema particular a sus aulas. En segundo lugar, hay que considerar el grado de afectación que tenga la economía de cada estado por el cierre de actividades comerciales. El caso más simbólico puede ser Quintana Roo, que enfrentó con relativa rapidez los efectos en la EMS por la crisis del 2008-2009, pero que esta vez puede tener un escenario cuesta arriba, porque la industria turística, en la que está especializado el estado, está siendo gravemente afectada.

Los que menos tienen serán los más afectados

La pandemia afectará a todos los estudiantes, pero más aquellos que ya enfrentaba condiciones de vulnerabilidad antes de la crisis. Esto es, al 48.2 % de los estudiantes provenientes de los hogares de menores ingresos pertenecientes a los quintiles de ingreso I y II. En la última década se logró aumentar la cobertura de servicios para estos estudiantes en 20 puntos porcentuales, pasando de 32 % en 2006 a 62 % en 2018 (ver la gráfica 3).

Sin embargo, el deterioro de los recientes años en los servicios de EMS y el efecto de la pandemia podrán revertir estos resultados. Principalmente porque la pandemia ha puesto en evidencia los severos problemas en términos de equidad en la que se brindan los diversos servicios de EMS. Primero, porque son estos estudiantes los que ya acumulaban previo a la pandemia un rezago mayor en los aprendizajes prioritarios.2 Segundo, porque no cuentan con los mecanismos de acompañamiento con asesorías académicas y prácticas de educación diferenciada en las aulas, que ayuden a compensar los rezagos de aprendizaje. Tercero, durante la suspensión de clases presenciales y, por sus condiciones socioeconómicas precarias, no han logrado continuar sus estudios a distancia a través de las estrategias que las instituciones/gobiernos han desarrollado. De acuerdo a lo reportado por las autoridades, esta es la situación que enfrentan al menos 10 % de los alumnos.
Adicionalmente, la situación presupuestal es preocupante y limita sustantivamente la posibilidad de que las autoridades enfrenten adecuadamente estos retos. Si bien es cierto, en 2020 tenemos 3 % más de presupuesto para cada alumno de media superior inscrito a una institución pública, la distribución de estos recursos es muy distinta a la que se observó en 2008-2009. Hoy, a valor de pesos de 2020, el presupuesto es tres veces mayor en el monto de las becas para estudiantes, pero recorta sustantivamente las partidas para la ampliación de espacios para que los jóvenes puedan cursar este nivel educativo. Por ejemplo, la inversión para 2020 es el 3 % de presupuesto que 2008 se ejerció en infraestructura y mantenimiento; el 10 % para expansión de los servicios educativos; y apenas el 8 % del presupuesto para estrategias de inclusión y equidad.
El gobierno federal sigue apostando por más becas pese que la evidencia indica que un importante incremento en la cobertura de la EMS en el pasado parece no estar asociado al acceso a estos instrumentos de política pública. Si bien las becas pueden ser un instrumento de impulso al ingreso y permanencia de los jóvenes en el nivel medio superior, 1 de cada 3 nuevos estudiantes de los grupos con mayor vulnerabilidad se incorporó a la EMS sin el respaldo de una de ellas. Para los quintiles II y III, la proporción de la matrícula que lo hizo sin contar con el apoyo de una beca es de 67.5 % y 71.2 %, respectivamente. Se estima que, en la década pasada más de la mitad del aumento de la matrícula nacional (57.2 %) no contó con el apoyo de una beca.
Ahora bien, los resultados del cambio de la matrícula del nivel medio superior más recientes en el ciclo 2019-2020 indican que no hubo crecimiento del número absoluto de alumnos, sino que de hecho hubo una reducción absoluta respecto al ciclo escolar previo de casi 100 000 estudiantes. Si el rasgo de innovación que se ha querido imprimir a la EMS es la entrega de becas a todos los alumnos del nivel, sin importar la condición económica de los hogares, ciertamente no parece haber tenido resultados en cuanto a propiciar un aumento en la matrícula y —por consiguiente— en la cobertura escolar.
Ante el duro impacto de la crisis económica en muchos hogares, estas becas ciertamente pueden servir como un soporte para que algunos de los beneficiarios puedan permanecer estudiando y evitar que las dificultades económicas en casa los lleven a abandonar las aulas. No obstante, su efecto de protección contra el abandono escolar podría multiplicarse si, como se ha señalado, fueran enfocadas a los segmentos que más lo necesitan y acompañadas de tutorías académicas para sus beneficiarios.
En esta perspectiva, la orientación del gasto público privilegiando exclusivamente el apoyo en becas de carácter “universal”, asociado a un deterioro del presupuesto educativo en los últimos años, parece haber debilitado de forma severa otros elementos clave para la continuidad académica de estudiantes en la EMS. Entre otros, pueden señalarse recursos limitados para la expansión de planteles de diverso tipo, que respondan a la multiplicidad de los proyectos de la juventud mexicana; o un crecimiento limitado del número de maestros, para que en los espacios físicos escolares adicionales, los jóvenes encuentren docentes para su acompañamiento; o los recursos para ampliar las posibilidades para la formación continua del profesorado del nivel medio superior, que atraiga a estudiantes a modelos educativos pertinentes y enfocados en mejores aprendizajes o puedan recibir una capacitación para ser más efectivos en su estrategia híbrida de enseñanza.3
La insuficiencia presupuestal lleva a prever que la meta del programa sectorial de educación 2019-2024, recientemente publicado, de una cobertura de 90 % en educación media superior y que se “ampliará la oferta de servicios en todos los tipos, niveles y modalidades educativas” será tan sólo palabras efímeras retratadas en el Diario Oficial.

Apostar por lo básico

Incrementar los presupuestos educativos y garantizar su buen uso es una condición imprescindible para contar con los recursos suficientes para la implementación de las políticas encaminadas a atender los retos que la pandemia ha magnificado en estos niveles educativos: de abandono, cobertura, aprendizaje, transición entre niveles educativos e incorporación exitosa de los egresados, por ejemplo, de los bachilleratos y de la educación técnica de media superior al mercado laboral. Delinear los pasos a seguir demandan diagnósticos fundamentales para establecer una ruta frente al ciclo escolar 2020-2021 que se anticipa de suma complicación en un formato, que en el mejor de los casos será híbrido (clases presenciales escalonadas con esfuerzos de educación a la distancia) ante una pandemia que la OMS y los expertos médicos anticipan será por olas.
Dichos diagnósticos tendrían al menos que apuntar condiciones en seis aspectos:
1. Detectar, al reiniciar los cursos en agosto próximo, cuántos y quiénes son los estudiantes que no regresaron al ciclo escolar , quiénes deberán ser prioridad para las autoridades en los planteles a fin de hacer un esfuerzo extraordinario para lograr su regreso al salón de clases.
2. Realizar un examen diagnóstico que permita identificar el impacto en los aprendizajes de los alumnos y, con base en resultados que exhibirán las desigualdades educativas, calibrar rutas para compensar los atrasos de los estudiantes.
3. Implementar un análisis de la situación socioemocional con la que las comunidades educativas —estudiantes, profesores y personal administrativo— llegan al nuevo ciclo escolar para precisar los programas que busquen atender sus necesidades en esta materia para evitar mayores afectaciones de abandono y aprendizaje.
4. Establecer los requisitos mínimos materiales que hagan factible la operación de regreso a clases para el nuevo ciclo escolar (sanitización de planteles, garantía de servicios básicos, protocolos para detectar posibles miembros de la comunidad que lleguen a infectarse, consolidación de capacitación para la enseñanza en una estrategia híbrida, ruta para proteger —sustituir— temporalmente a los miles de docentes que por su edad y enfermedades crónico-degenerativas están en mayor riesgo de contagio, entre otros aspectos).
5. Desplegar medidas para atender la certificación de las competencias profesionalizantes ante el cierre de talleres y recursos para prácticas profesionalizantes para los estudiantes en la educación técnica media superior.
6. Ajustar el presupuesto y el uso adecuado de los recursos canalizados al sector. Algo que resulta complejo pero inaplazable ante las condiciones económicas para el país.
Una estrategia de contención de los efectos de la pandemia en los estudiantes de media superior requiere una coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, así como con los diversos servicios escolares que integran la educación media superior y las asociaciones de las instituciones de educación superior. La tentación de algunos actores de seguir expectantes a las directrices que bajen desde el ámbito federal debe ser sustituida por el realismo de los costos que para los jóvenes y para el país trae la dilación de acciones o las consecuencias negativas de que éstas no estén bien coordinadas. Esto permitirá clarificar qué políticas pueden desplegarse localmente y cuáles son las que demandan del respaldo del gobierno federal.
Los márgenes de acción presupuestal son estrechos para multiplicar los espacios para la educación media superior y superior. En 2019, el gobierno federal utilizó 40 % de los 300 000 millones que se tenían ahorrados en el denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Las afectaciones a la economía derivado de la pandemia sugieren reducciones en la recaudación. Hasta ahora el gobierno federal ha reiterado su negativa de recurrir a deuda —por ejemplo— usar la línea de crédito flexible disponible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 61 000 millones de dólares. Simultáneamente, otorgó en abril un estímulo fiscal por 65 000 millones de pesos para PEMEX. Todo ello contrasta con los 705.9 millones que se aprobaron para este año en el Fondo de aportaciones múltiples para educación media superior; la disminución del 21 % para el Programa de expansión de la educación media superior y superior; o con los 350 millones destinados en el Fondo para avanzar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (4.5 %. de los 7,678 millones del presupuesto que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior —ANUIES— se requiere para avanzar sustancialmente en este objetivo).
Si bien es cierto, para 2020 se incrementó en 31 % los recursos para el mantenimiento de infraestructura de educación media superior, el pasado 23 de abril el presidente decretó una serie de medidas de austeridad, por las que mandató la disminución del 25 % al salario de los mandos superiores del gobierno federal y el recorte del 75 % a las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Si bien, las Becas Benito Juárez y el Programa jóvenes construyendo el futuro se incluyeron dentro de los proyectos prioritarios de la administración, los recortes afectan la posibilidad del pago de servicios básicos (agua y electricidad) de diversas instituciones educativas, por ejemplo, los Colegios de Bachilleres y el Conalep. Esto dificulta aún más el regreso a las aulas.
El “tsunami educativo” que el país tiene enfrente es de tal magnitud y las herramientas para enfrentarlo tan precarias, que la factura que una generación está por sufrir será onerosa no sólo para ellos, sino para toda la sociedad en su conjunto. Escapar de este escenario exige elevar el costo político para que, si no por convicción, sí por conveniencia política, el gobierno federal y sus aliados en el Congreso reasignen los presupuestos necesarios que den viabilidad a las oportunidades educativas que demandan miles de jóvenes para tener un mejor futuro y que el país tenga posibilidad de levantarse con mayor celeridad de la crisis que lo aqueja. Una exigencia similar debe hacerse a los gobiernos de los estados para complementar los presupuestos para las instituciones de los subsistemas educativos a su cargo.
Como sociedad no podemos tolerar ya espacios a la ocurrencia bienintencionada pero mal diseñada y peor implementada. Corregir la crisis de aprendizajes que se está profundizando, brindar equidad de oportunidades para continuar aprendiendo a la distancia y en clases presenciales segmentadas; brindar a las comunidades educativas las herramientas para atender las afectaciones socioemocionales que empeoran conforme avanza la pandemia, requiere de políticas fundamentadas en la evidencia que enfrentamos y ajustes sustantivos a lo realizado hasta ahora. En suma, asentar las condiciones que den viabilidad al futuro educativo en nuestro país.