“Mujer que sabe latín ni tiene marido ni buen fin” , dicho popular que durante siglos ha estado totalmente apegado a la realidad debido a que, históricamente, desde niñas a las mujeres se les negaba el acceso a la educación al considerarse que no tenía sentido alguno instruir a una niña en el conocimiento de la lectura, la escritura, las artes y mucho menos la ciencia, ya que era un mundo prohibido para cualquiera que hubiera nacido como mujer. Desde hace varios siglos, algunas mujeres se manifestaron en contra de este destino impuesto: podemos recordar que Sor Juana Inés de la Cruz se volvió letrada en el siglo XVII cuando la educación intelectual estaba reservada a los hombres y abogó por el derecho de las mujeres a la educación y al acceso al conocimiento. Con el paso del tiempo, de los cambios causados por los movimientos políticos, económicos, sociales e industriales, esta situación se ha ido modificando, pero no podemos negar que, en gran parte, el acceso a la educación para las mujeres ha sido una larga lucha de las mismas mujeres que, a lo largo de la historia, hemos buscado arrebatarle al patriarcado esa exclusividad, porque se ha tenido claro que la educación determina la igualdad.
La educación es un derecho que genera herramientas de lucha para poder cuestionar, protestar, decidir sobre nosotras mismas y las acciones que queremos seguir para nuestras vidas. Así, juega un rol importante en la ruptura de los prejuicios sociales que subestiman las capacidades de las mujeres y es un elemento fundamental para su autonomía como medio de supervivencia. El conocimiento para defender nuestros derechos, entre ellos, la libertad de expresión, la libertad sobre nuestros cuerpos y la libertad intelectual.
En México existe el marco jurídico para garantizar la igualdad de todas las personas, así como su derecho a la educación. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a la educación”. Posteriormente menciona que “La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. El artículo también establece el carácter obligatorio de la educación básica y la media superior, y la prioridad del Estado del acceso, permanencia y participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los servicios educativos.1 Adicionalmente, México se ha comprometido a eliminar la violencia y discriminación en contra de las mujeres en diversos tratados y acuerdos nacionales e internacionales, entre los que se encuentran la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing.

Asimismo, se han logrado notables avances en cuanto al acceso a la educación de hombres y mujeres y sobre la minimización de la brecha de género. En las últimas décadas se ha visto una clara tendencia a la alfabetización general de la población mexicana. Esta alfabetización refleja la incorporación de las mujeres al sistema educativo; se logró impulsar la tasa de alfabetización femenina de 94% a 98% de 1990 a 2014, mientras que la tasa de alfabetización masculina se elevó de 96% a 98%. Desde 2008, la tasa de alfabetización femenina incluso ha superado ligeramente a la masculina. Adicionalmente, de 1950 a 2012 las mujeres han pasado de representar el 46% al 49% de la matrícula, respectivamente. Más aún, en 1950 el porcentaje de mujeres que se matriculaban en la universidad representaba el 40%, es decir, 20% menos que los hombres. En 2014, las mujeres representaban el 48% de los estudiantes matriculados en la universidad. A nivel de educación media superior, el cambio ha sido similar.2
Si bien los avances en la educación de las niñas son innegables, la desigualdad y la violencia contra ellas siguen marcando su presente y su futuro. La violencia y las brechas salariales, continúan, así como también en el acceso de las mujeres al sector formal de la economía. En esa realidad, los estereotipos conforman solo una parte arraigada de la violencia y discriminación.
Asimismo, la permanencia de las niñas en las escuelas y la conclusión de sus estudios continúa siendo un reto. Entre los obstáculos estructurales que dificultan que las niñas continúen su educación más allá de la primaria se encuentran ciertas normas sociales y culturales; dificultades y discriminación relacionadas a sus características étnicas y lingüísticas; distintas desventajas relacionadas con su nivel socioeconómico como desnutrición, acceso restringido a servicios de salud de calidad, falta de útiles escolares, y menor acceso a sistemas o medios de transporte eficientes.

Según datos de 2017, en México, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que no asisten a la escuela es de 35.4%, y de 20 a 30 años es de 83.8%. Los porcentajes para los hombres en los mismos rangos de edad son de 37.2% y de 83.4%. Mientras que los porcentajes son sorprendentemente similares, las razones detrás de la deserción son distintas; en las mujeres, el 10.5% de las mujeres de 15 a 19 años de edad y el 9.5% de 20 a 30 años de edad no asistió a la escuela porque “se embarazó o tuvo un hijo”. Para los hombres, los porcentajes son 0.7% y 1%. Los números son similares para la razón “se casó o se unió”.3 Adicionalmente, al poseer una población con un índice de movilidad social bajo y con un número elevado de pobreza en diferentes estados, México establece el escenario perfecto para la vulneración de uno de los derechos más básicos de las infancias4.
En el entorno rural, estas dificultades se exacerban. Según un informe publicado por INEGI e INMUJERES, el porcentaje de mujeres que viven en localidades de más de 2500 habitantes que asisten a la escuela es de 76.1% vs el porcentaje de asistencia en localidades de menos de 2500 habitantes es de 57.8%.5
En zonas rurales, no sólo las escuelas se encuentran lejos de sus hogares sino que también se enfrentan a mayores dificultades lingüísticas en un país multicultural; desde hace varios siglos las políticas públicas en México han apostado por una educación culturalmente homogénea donde el idioma oficial del contenido distribuido dentro de las escuelas es primordialmente el español.6 Esto por supuesto invisibiliza las lenguas nativas, incrementando la brecha de desigualdad hacia las mujeres hablantes de lenguas indígenas dentro del país.
Por otro lado, en un entorno rural los estereotipos de género están sumamente arraigados; en la mayoría de los casos existen normas culturales más estrictas, restrictivas y punitivas para las mujeres, que se reproducen por las autoridades escolares y los entornos familiares.
Así, a pesar de los avances legales y el establecimiento de políticas públicas dirigidas hacia las infancias, lo cierto es que las niñas en México y en el mundo siguen enfrentando numerosos retos para acceder a la educación.
La educación de las niñas no se puede basar en pensar que son las mujeres del futuro; son las niñas de ahora y es obligación del estado, de la sociedad y de la familia, que tengan acceso a la educación y que esta educación sea transformadora para cambiar las situaciones de desigualdad que condicionan su presente y futuro. En la educación está la puerta para el goce de otros derechos y también para la modificación de los roles y situaciones que discriminan y las violentan.