En los últimos tiempos, la atención educativa a niñas, niños y adolescentes (NNA) de familias jornaleras migrantes en México se ha complicado por el cambio en la dinámica migratoria. En las décadas precedentes ésta consistía en el flujo de personas que abandonaban sus entidades originarias ‒expulsadas por las condiciones económicas ahí prevalecientes‒ hacia otros estados con acceso a fuentes de empleo, particularmente en la actividad agrícola. La política educativa centraba la atención en las hijas y los hijos que acompañaban a sus familias durante su tránsito por el territorio nacional. Ello obligaba a gobiernos y autoridades educativas a impulsar la coordinación entre estados expulsores y receptores de esta mano de obra, para que las y los estudiantes continuaran con sus trayectorias escolares. A este respecto, hay notables ejemplos de buenas prácticas instrumentadas por gobiernos estatales para que NNA en tránsito pudieran concluir su ciclo escolar en dos o más estados de la República. Las cosas han cambiado: hoy nos enfrentamos a una migración externa sin precedentes, no sólo proveniente de países de Centro y Sudamérica, sino también del Caribe, Europa y Asia. De acuerdo con datos de la organización Save The Children, se estima que en 2021 más de 170 000 NNA cruzaron el país sin compañía adulta con rumbo a Estados Unidos; 75 592 ingresaron a México de forma irregular; y 31 607 solicitaron se les reconociera la condición de refugiados. Estas cifras inéditas muestran la magnitud del problema. Hasta hace poco, México era territorio de paso; hoy, ante las dificultades para ingresar a Estados Unidos, la población migrante se ve obligada a quedarse en el país, situación que dificulta la atención educativa, tanto en estados del sur ‒como Chiapas, donde las madres y los padres de NNA se emplean en fincas cafetaleras‒ como del norte ‒en especial Sinaloa, Sonora y Baja California‒. A ello se suman los problemas que surgen del currículum, particularmente en lo que respecta a la enseñanza de la historia y cultura de sus países de origen, y al uso de una gran diversidad de idiomas distintos del español. Si bien el artículo 3° de nuestra carta magna establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación, así como de priorizar el interés superior de NNA y jóvenes ‒con énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran hijas e hijos de familias jornaleras‒, hoy, es evidente la necesidad de reforzar las políticas públicas en la materia, no sólo para garantizar su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, sin importar su situación migratoria, sino también para que sean pertinentes y respondan a sus necesidades. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) está comprometida a trabajar de forma coordinada con los integrantes del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación con el fin de avanzar en el tema. Muestra de ello fue el foro “La educación al alcance de todas y todos los niños, adolescentes, jóvenes migrantes”, celebrado en noviembre de 2021, donde conocimos parte de los esfuerzos que realizan los estados, acompañados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y por organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este evento nos dejó claro que aún tenemos mucho trabajo por delante. El presente número de Educación en Movimiento explora algunos de los desafíos en la materia y los trabajos que se realizan para mejorar de manera continua la educación de la población migrante.