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Pobreza y educación, métricas y derechos

Hablar de pobreza es doloroso, alude a sufrimientos cotidianos, vidas truncadas, desesperanza. La persistencia del fenómeno en México conlleva a que, penosamente, el origen siga determinando el destino. Esto obliga a insistir en el análisis de los determinantes del fenómeno para derivar políticas sociales que conduzcan a su eliminación. Uno fundamental es la educación.
Recientemente se presentó el documento "75 años de pobreza en México. Lecciones y retos para la movilidad social". El trabajo integra diversas fuentes de información para construir una serie histórica de la evolución de la pobreza por ingresos en el país —desde 1950 hasta 2024— que proporciona una visión amplia del fenómeno. Permite identificar tendencias y quiebres en su evolución y, con ello, generar aprendizajes para proponer vías que conduzcan a su reducción efectiva. Por ejemplo, entre 1950 y 1984, la disminución del fenómeno se dio en un contexto de crecimiento económico sostenido y una política social incluyente (expansión importante del sistema educativo y de salud) que generó movilidad social. En cambio, en el subperíodo de 2020 a 2024, se observó una caída que respondió en buena parte al “aumento sustancial del salario mínimo, reformas laborales (incluida la subcontratación ), incremento general del ingreso laboral y la expansión de los programas sociales universales”.
Sin embargo, la política que revaloró el salario mínimo (una vez desvinculado de otros precios para evitar un efecto inflacionario) y condujo a una reducción estructural de la pobreza, tiene ciertos límites a largo plazo, ya sea porque se agota el margen de ajuste sin provocar un efecto inflacionario, porque mientras persista una proporción elevada de empleos informales ( 54.8 % en México ) incide principalmente en el sector formal, porque depende de la evolución de la productividad, por citar algunas. Obligadamente debe estar acompañado de otras políticas.

Víctor Solís

La medición de la pobreza y la educación.
En los dos períodos citados, la educación subyace como una explicación a la reducción de la pobreza. La expansión de los servicios educativos, el aumento en los años de escolarización o el incremento en los aprendizajes contribuyen a explicar los incrementos estables en los ingresos y con ello, la disminución permanente de la pobreza. No obstante, durante muchos años no se la pareció como un dato para su medición.
La incorporación de la variable educativa se materializó en México cuando se comenzó a medir la pobreza multidimensional, cuya metodología, desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) se aprobó en 2009 en cumplimiento a la Ley General de Desarrollo Social de 2004. Esta ley le dio origen a dicho organismo público y autónomo, al establecerle su marco de actuación, le mandató la medición de la pobreza con un enfoque de derechos. Con ello, además del indicador de ingreso, la metodología para la medición de la pobreza incorporó otros seis indicadores de carencia en el cumplimiento de derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación) e indicadores asociados al contexto territorial y social, aportando significativamente al análisis de la incidencia y las causas del fenómeno.
Para la medición de la pobreza por carencia educativa, se demostró el cumplimiento del derecho a la educación consagrada en la Constitución. Hoy en día, la educación obligatoria abarca los tipos básicos (inicial, preescolar, primaria, secundaria), medio superior y superior. Su obligatoriedad es el resultado de diversas reformas educativas que se sucedieron en el tiempo: para educación primaria se inició en 1934, se amplió a la secundaria en 1993, al preescolar en 2002 (con una aplicación progresiva hasta 2008). En 2012 escaló hasta la educación media superior (con aplicación gradual hasta 2021), en 2019 se expandió a la educación inicial y finalmente, en 2021 a la superior (obligatoriedad para el Estado de ofrecer un lugar, no para las familias o personas de asistir como en los otros niveles).
El establecimiento de la obligatoriedad escalonada en el tiempo determinados que la exigibilidad del derecho a la educación en cada nivel y tipo educativo sea diferente conforme al grupo etario al que pertenece cada individuo. Para una persona que nació en 1980, cuando tenía la edad de asistir al preescolar (3 a 5 años) ese nivel aún no era obligatorio, pero cuando tenía 12 años la secundaria sí lo era, ya los 18 años la media superior no. En cambio, para alguien nacido en 2005, el Estado debía poner a su disposición desde la educación preescolar hasta la media superior conforme fuera alcanzando la edad en que debía cursarlas. Dicho en términos técnicos, los umbrales para determinar el rezago educativo de la población consideran la edad típica en la que se debe cursar cada nivel y tipo educativo, y la obligatoriedad establecida en la Normatividad de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM). El derecho a la educación aquí considerado se limita a la asistencia a la escuela y aun así, se registran rezagos en su cumplimiento.
Lo que omite esta metodología es que la reforma constitucional de 2013 incorporó el criterio de calidad al derecho a la educación consagrado en el artículo 3º:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos .

Además, la educación […]: “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Promover a grado de derecho constitucional el acceso a una educación de calidad —no nada más a la escolaridad obligatoria— refleja un cambio de paradigma, de una pedagogía de la enseñanza a una pedagogía del aprendizaje. Ya no es suficiente con que las niñas, niños y jóvenes asistan a la escuela, sino que hay que asegurar que adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades que les permitirán desempeñarse exitosamente en la vida adulta. Por ello, desde 2013, la medición del logro de aprendizajes pasó a ser fundamental. Ahora bien, si la determinación de la pobreza multidimensional se basa en un enfoque de derechos, la metodología deberá incorporar como variable el ejercicio del derecho a aprender. No es sólo un problema de métrica, sino sobre todo de derechos.

La agenda 2030

En 2015, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas —y México en particular— adoptaron la Agenda 2030 y se comprometieron a alcanzar para entonces 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El número cuatro planteó "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente durante toda la vida .
La agenda 2030 sostiene que lo que aporta (o no) la educación favorece (o limita) el logro de los demás ODS, dada su condición habilitante para el cumplimiento de otros derechos, de tal suerte que una educación de calidad contribuya a: acceder a empleos formales; obtener ingresos dignos; reducir la desnutrición y el hambre; mejorar la salud; prevenir conductas". de riesgo en las juventudes; favorecer la equidad de género; manejar integralmente el agua; cambiar conductas y estilos de vida a fin de sociedades alcanzar bajos en consumo de carbón; reducir las causas y los efectos del cambio climático ;

El cambio de política

En 2018, el cambio en el ejecutivo federal en México y la renovación del Congreso devino en un giro profundo en la política pública. En el ámbito educativo se modificó la Constitución sustituyendo la palabra “calidad” para cualificar a la educación por “excelencia”, “entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico . Si bien, el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna cambió de criterio, continuó apuntando al logro de aprendizajes y desarrollo del pensamiento crítico.
Visto que el ejercicio del derecho a la educación exige no sólo la escolarización sino la verificación de aprendizajes relevantes, se debe incorporar el criterio de calidad —o excelencia si se prefiere— en la medición de la pobreza por carencia educativa. Si considerar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria supuso una complejidad importante en el diseño de la metodología vigente, incorporar la calidad educativa podría ser un verdadero embrollo. Esto agravado por los cambios globales que se están verificando en los marcos conceptuales en materia de aprendizajes relevantes, habilidades necesarias, actitudes exigibles, además de la evolución de la psicometría. la progresión en grados de escolarización es claramente insuficiente Desarrollar. una metodología específica que incorpora el derecho a una educación de calidad dependerá de la información disponible para su aplicación, y aquí el problema es la atención de métricas: actualmente no se cuenta con evaluaciones estandarizadas de los aprendizajes.

La relevancia de la evaluación

Las primeras evaluaciones a gran escala del logro de aprendizajes en México iniciaron en el siglo pasado con el propósito de conocer en qué medida el estudiantado lograba dominar los aprendizajes considerados esenciales, identificar dónde se estaba fallando y qué era necesario modificar. En los noventa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instrumentó el proyecto Estándares Nacionales que medía comprensión lectora y dominio de matemáticas. Entre 2005 y 2014, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) administró los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale). Del 2006 al 2013 la SEP aplicó la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) en primaria y secundaria y, entre 2008 y 2014, en educación media superior. Ante esta abundancia de instrumentos, en 2015 el INEE coordinó un estudio sobre validez de las pruebas Enlace y Excale. Buscando recuperar lo positivo de cada una evitando lo negativo, se diseñó el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), que comenzó a aplicarse en 2015 en educación básica y media superior para evaluar los progresos en lenguaje y comunicación, y matemáticas. Proporcionaba resultados a nivel nacional, estatal, por servicio, por sostenimiento y constituía un buen termómetro para medir los avances educativos .
Simultáneamente, México participaba en evaluaciones internacionales, destacando los Estudios Regionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) desde 1997, coordinado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Unesco (OREALC-Unesco), y el Plan Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) desde 2000, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pese a la relevancia se le otorgó en el país a las mediciones estandarizadas, en diciembre de 2018, el nuevo gobierno inició un proceso de desmantelamiento de la evaluación educativa. Primero extinguió el INEE (2019) y creó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que finalmente cerró sus puertas en 2025. Junto con el INEE, desapareció PLANEA, sin que se estableciera mecanismo alguno que lo sustituyera. En evaluaciones internacionales, se dejó de participar en el LLECE, sólo se mantuvo PISA, que se aplicó en 2022 y 2025 gracias a la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil . PISA es una prueba muestral, trianual, aplicada a estudiantes que están concluyendo secundaria, con lo que sus resultados son limitados para alimentar las bases de datos utilizadas para determinar la pobreza multidimensional.
La ausencia de mediciones implica que la toma de decisiones en política educativa no se fundamenta en datos sólidos, no hay indicios sobre la efectividad de la labor docente, no se dispone de elementos objetivos para mejorar programas, no se está en posibilidades de focalizar esfuerzos hacia quienes más lo necesitan, y mucho menos de aportar datos para una eventual medición de la pobreza por carencia educativa. Se ha instalado en el país una política educativa con mucha narrativa, pero sin métrica, que estigmatiza las evaluaciones a gran escala calificándolas de “punitivas” y “neoliberales”. Además, aunque se dispusiera de resultados de evaluaciones educativas estandarizadas, ya no se cuenta con un organismo autónomo como el Coneval que pudiera ajustar la metodología para incorporar la verificación del derecho a aprender.
La única medición disponible, PISA reveló que una proporción importante de jóvenes que egresa de la secundaria no logra comprender lo que lee y no es capaz de realizar operaciones matemáticas básicas , pero el gobierno lo ha subestimado. Si la educación, más allá de ser un derecho humano básico, es un derecho habilitante que faculta para ejercer otros derechos, en particular a tener un trabajo y salario digno, esta situación debería encender alarmas, porque implica una reducción de los ingresos laborales futuros de estos jóvenes, que potencia el riesgo de perpetuar o aumentar la pobreza.
Ante la ausencia de mediciones, de organismos autónomos como el INEE y el Coneval, de autoridades que informan sobre el cumplimiento de sus obligaciones, de políticas educativas basadas en diagnósticos sólidos, es imperativo que las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas continúen investigando, ejerciendo presión, exigiendo rendición de cuentas. No se trata de lamentar la pérdida de mediciones en sí misma, lo que preocupa es dejar al país desprovisto de información que orienta el rumbo de la educación y de la política social. Es deseable contar con una metodología que incluya los resultados de aprendizaje en la medición de la pobreza multidimensional, pero la aspiración fundamental es contar con métricas que permitan exigirles a los gobiernos en turno que garanticen el cumplimiento del derecho a una educación de calidad —o de excelencia— consagrada en la Constitución y en los Acuerdos Internacionales.

Autor:Nexos Fuente:https://educacion.nexos.com.mx/pobreza-y-educacion-metricas-y-derechos/

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