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"El juego de Juan Pirulero, La política Educativa en México"

El Juego de Juan Pirulero es un reportaje de investigación que tardé 15 años en hilvanar. Es resultado del trabajo cotidiano que realizaba como reportera de la fuente educativa de la sección nacional del periódico REFORMA y que primero fue el texto que presenté para titularme en el programa de Maestría en Periodismo Político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Hoy busca ser una aportación para el debate público sobre la política educativa en México. He decidido abrirlo a la sociedad a través de esta página web porque soy una convencida de que el sistema educativo requiere de muchos aliados que contribuyan a construir el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad que todas las niñas y los niños merecen por el solo hecho de vivir en este país. Bienvenidos y bienvenidas.



Semblanza
Mi nombre es Sonia del Valle Lavín. Soy periodista y en los últimos 15 años de mi trabajo profesional me aboqué a investigar y documentar la política educativa de México, poniendo especial énfasis en la educación básica. Trabajé casi tres lustros en el periódico Reforma y me especialicé en el sistema educativo. Mis años de formación inicial como periodista de investigación se los debo, entre otros, a mi maestra Sara Lovera López, con quien nos dimos a la tarea de documentar la condición social de las mujeres desde el suplemento Doble Jornada que se editaba en el periódico La Jornada, y posteriormente construir las agencias de noticias CIMACnoticias y SemMéxico. El 11 de septiembre del 2001 representó un parteaguas en mi vida profesional, pues documentar, entrevistar, conocer y testimoniar desde Nueva York la transformación del mundo tras la caída de las Torres Gemelas, le dio una nueva mirada a mi trabajo profesional. Un mirada más holística e integral a la investigación periodística que realizaba con un enfoque de derechos humanos. Por eso mi trabajo como reportera de la sección Nacional en el periódico Reforma se enfocó primordialmente en el derecho a la educación, porque estoy convencida que es el derecho que abre todas las puertas para el ejercicio de todos los derechos. Es el derecho que los especialistas llaman "habilitante". La investigación periodística me llevó a conocer de cerca el sistema y la política educativa, sus pendientes y desafíos. Ahora trabajo en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) en el bellísimo Pueblo Mágico de Pátzcuaro,. Michoacán, como directora de la Unidad de Difusión Educativa, donde tengo la oportunidad de iniciar el proyecto de Comunicación Educativa que describo en el Epílogo de esta página.
Epílogo
Comunicación educativa

Comunicación Educativa es una propuesta para iniciar una conversación sobre en el sector educativo sobre la necesidad de contar con una política para comunicar el sistema educativo. Una propuesta que desarrollo a partir de mi experiencia personal en la cobertura del sistema educativo.
Durante 15 años documenté el sistema educativo. Suena sencillo, pero documentar e investigar un sistema que no está acostumbrado a comunicar, requirió de estrategias de las más diversas: como hacerme pasar por madre de familia para entrar a una escuela y tomar fotografías sobre las condiciones del plantel; esconderme detrás de las macetas para escuchar conversaciones “secretas”; hacerme pasar por maestra y acudir a los entonces llamados Talleres Generales de Actualización o a los cambios de adscripción –un espacio donde los maestros podían solicitar cambio de escuela–; transitar cerros y montañas para llegar a un poblado y conocer una experiencia educativa exitosa o una escuela sin escuela; presionar junto con otros periodistas para que los funcionarios abrieran reuniones privadas y nos pudiéramos enterar cómo iban las negociaciones entre la SEP y el SNTE; apostarme afuera de reuniones “secretas” de los funcionarios, para obligarlos a informar; hacer guardias interminables, algunas hasta la madrugada; entablar amistad con secretarias, asesores y hasta trabajadores de limpieza para que me entregaran papelitos “importantes”; abrir una plataforma web cerrado donde sabía que había “mucha información” poniendo una y otra vez claves diversas hasta conseguirlo o conseguir las claves con funcionarios amigos; así como hacer miles de entrevistas y sostener conversaciones off the record con múltiples funcionarios, maestros, líderes sindicales y especialistas.
La mayoría de estas estrategias no están en los manuales de periodismo ni se pueden predecir y una cosa es cierta, buscar información en una de las dependencias más cerradas requirió creatividad, relaciones públicas, aliados y muchas buenas sonrisas; pues de lo contrario hubiera sido arrollada por miles de boletines de prensa y declaraciones triunfalistas sobre la mejora del sistema educativo, que en muchas ocasiones no se sustentan en la realidad.
Al mismo tiempo requirió buscar entre los múltiples portales de las autoridades educativas federales y estatales documentos escondidos; aprender que antes de que se publique en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo Secretarial o programa o reglamento debe ser autorizado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como perseguir a los legisladores, hacer alianza con ellos para que solicitaran un documento o una estadística; usar la ley de transparencia que implicaba saber con exactitud qué solicitar a la autoridad educativa federal y las estatales; aprender a leer los datos sueltos y armar historias con ellos y ponderar las cifras triunfalistas y las que suenan bien por escandalosas, pero no son ciertas.
También requirió entablar relaciones, algunas cercanas, otras por interés mutuo con funcionarios y ex funcionarios, secretarios de educación estatales y federales, investigadores, maestros, líderes sindicales y expertos en educación para tener acceso a la información y comprender la complejidad del sistema educativo, así como sus políticas y recursos, sus intereses y hasta los usos y costumbres, muchos de los cuales ni siquiera están escritos en documentos oficiales.
Sin duda, el periodismo de investigación ha sido un camino que comenzó a horadar la secrecía, la opacidad y la falta de apertura de las autoridades educativas y debería seguir haciéndolo, pero será insuficiente pues no alcanza para explicar un sistema y su transformación ante el cúmulo de informaciones disponibles, muchas falsas y sin verificar o lanzadas a la espiral de las redes sociales por intereses políticos, muchos de ellos mezquinos; tampoco alcanza para contener la urgencia social de transformar “ya” el sistema porque “no funciona”.

Por qué una Comunicación educativa
Porque a pesar de que por más de una década en el periódico Reforma, así como en otros medios de comunicación, se publicaron cientos de miles de noticias, entrevistas y reportajes completos sobre el sistema educativo, el debate que abrió la Reforma educativa del 2013 en México, puso al descubierto que la gran mayoría a los que interpela el proceso de cambio y transformación del Sistema Educativo Mexicano (SEM), desconocen cómo opera, cómo se gestiona, cuál es su marco legal, es decir, qué facultades tiene la SEP y cuáles les corresponden a sus homólogas en los estados y cómo funciona uno de los cinco sistemas educativos más grandes del mundo.
La confusión y vacío de conocimientos sobre la educación básica en el país, se debe a la falta de una política de comunicación educativa que se aboque a comunicar el sistema, porque hay que reconocer que por décadas la opacidad o transparencia a medias del sistema, le funcionó a los principales actores políticos y gestores para conseguir sus fines, avanzar o atorar las propuestas de cambio, y hablamos tanto de las autoridades educativas, como de las dirigencias sindicales.
El educativo, es un sistema complejo, que se mueve lento, con 35.8 millones de estudiantes, lo que equivale al 28.7% de la población nacional; donde el 74% de la población escolar está matriculada en los planteles de educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria; el 12.5 está en la educación media superior; el 9.1% en la educación superior; mientras que los servicios de capacitación para el trabajo cubren el 4.4%, restante; el 71.5% de los estudiantes acuden a escuelas administradas por los gobiernos estatales, el 10.4% a planteles administrados por la Federación; mientras que las instituciones autónomas administran el 5.1%; y la educación particular atiende al 13% del total.
En el Sistema Educativo Nacional (SEM) operan 237 mil 365 escuelas o instituciones educativas de todos los niveles educativos y trabajan 1 millón 824 mil 847 docentes, desde educación inicial hasta posgrado.212
El sistema tiene escuelas de organización completa, es decir, con director, subdirector, maestros en cada uno de los grados, trabajadores sociales y/o de apoyo a la educación, docentes de educación física, educación tecnológica, servicio médico; mientras que otras escuelas son bidocentes o unidocentes, donde uno o dos maestros dan clases en todos los grados, además de ser directores –a veces “directores comisionados” es decir, con la responsabilidad, pero sin el nombramiento ni el aumento de sueldo correspondiente–, gestores comunitarios y hasta médicos emergentes. Asimismo, confluyen escuelas públicas de distintas modalidades: generales, técnicas, urbanas, rurales, indígenas, comunitarias, autónomas, de cooperación, con financiamiento federal y estatal, privado.
En el sistema educativo hay planteles donde estudian 10 alumnos y otros, donde acuden miles de estudiantes; hay escuelas presenciales, abiertas o a distancia; hay planteles sin agua, luz e infraestructura básica y planteles con canchas deportivas, albercas y auditorios, centros de investigación y equipos de futbol.
Así podría describirse a grandes rasgos el sistema educativo mexicano cuya operación deriva de un entramado legal en el que operan 33 Leyes de educación –una Ley General de Educación, de observancia nacional, y 32 estatales–; cientos de Acuerdos Secretariales, oficios, circulares, así como acuerdos pactados con los gremios magisteriales; con docentes y trabajadores de la educación a quienes aplica, para algunos, el apartado A de la Ley Federal del Trabajo; mientras que, para otros, su régimen lo determina el Apartado B de la misma ley.
Es un sistema que, además, opera: con acuerdos políticos extralegales y programas de gobierno federales y estatales; con una distribución e inversión de recursos desigual de la federación hacia los estados y entre los estados mismos. Paradójicamente, el SEM también opera con vacíos reglamentarios o legales, como, por ejemplo, el tamaño de las escuelas o la entrega de materiales didácticos, por parte de los gobiernos estatales, usando los colores de uno u otro partido político.
Por otro lado, la información disponible sobre el sistema educativo está dispersa en un centenar de portales con enorme diversidad en su contenido, creados por la Secretaría de Educación Pública y las Secretarias de Educación estatales o diversas autoridades educativas y actores educativos; la información está incompleta, oculta o es de difícil acceso, lo que hace casi imposible seguirle la pista al Sistema Educativo Mexicano o darse una idea de su complejidad, carencias, necesidades, avances e incluso los distintos programas y servicios que ofrece.
Los portales de las Secretarías de Educación, tanto federales como estatales, ofrecen poca información sobre cuestiones básicas tales como los requisitos para ser maestro; con quién acudir si se busca apoyar a las escuelas, cuáles son las sanciones para los maestros que se ausentan de las escuelas, cuáles son los derechos de los maestros, sus obligaciones y cuáles son las de los alumnos y los padres de familia; qué hacer en caso de que un maestro abuse de un alumno o alumna, qué puede hacer un director de escuela frente a un problema con un maestro o un padre de familia o cómo proceder ante la venta de drogas en la cercanía de la escuela. La información, seguro existe, pero no es de fácil acceso.
Si alguna persona quiere obtener una respuesta sobre algunas de las interrogantes señaladas, o cualquier otra duda sobre el sistema, requiere hacer una investigación a profundidad, leer decenas de Acuerdos Secretariales, verificar si están vigentes y sacar sus conclusiones.
Por ejemplo, en el portal de obligaciones de transparencia de la SEP si uno quiere consultar los Acuerdos Secretariales aparece una lista de 19 mil documentos, que no está depurada y muchos son modificaciones a un Acuerdo Secretarial vigente. Los Acuerdos Secretariales equivalen a los reglamentos de operación de programas y políticas públicas.
Pero si se quiere saber cómo concluyó la negociación salarial entre el gobierno y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es necesario, primero, saber que dicha información está dentro del portal de la SEP en un apartado denominado “Transparencia” y dentro de éste, la información está en otro apartado denominado “transparencia focalizada” y ahí se pueden conocer los Pliegos de Demanda Salariales y los oficios de Respuesta del año 2012 a la fecha, mientras que todos los anteriores no aparecen. Aunque, de nueva cuenta, la mayoría de las personas desconocen que el SNTE entrega a la SEP cada año un Pliego General de Demandas en el que nunca pide un porcentaje de aumento salarial; mientras que los trabajadores de la UNAM, por ejemplo, entregan “un emplazamiento a huelga”, porque tienen un contrato colectivo de trabajo, emplazamiento que incluye el aumento salarial de ese año y se entrega a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
También se desconoce que la enorme mayoría de los maestros del sistema público de educación obligatoria no tienen contratos, ni individuales ni colectivos, sino “nombramientos” regulado por las Condiciones Generales de Trabajo vigente desde 1946, a pesar de que, incluso, el artículo Tercero de la Constitución cambió significativamente con la reforma del 2013.
Pero la falta de información para entender el SEM no es privativa sólo de los usuarios del sistema, también la padecen los tomadores de decisión.
Con el cambio de gobierno, legislatura o funcionario en una dependencia, los que llegan, prácticamente, tiene que empezar de cero. En las dependencias se rehace información para el funcionario en turno, se emiten notas e informes, se elaboran datos básicos como: número de alumnos, escuelas, maestros, tipos de programas, políticas, estrategias, que llegan al funcionario en oficios, tarjetas informativas e incluso se contratan asesores para tener información y conocimiento sobre el sistema.
Todo este mecanismo de información, que se genera con los cambios, en la SEP lo llaman “la curva de aprendizaje”, y pone en desventaja a los nuevos funcionarios frente a los que sí saben cómo opera el sistema y sus entrañas: el liderazgo del gremio magisterial.
En el caso de los legisladores sucede algo parecido, algunos se imaginan cómo funciona el sistema o porque fueron maestros hace 20 años y se guían por el recuerdo de la escuela que conocieron y otros piden informes a la SEP sobre el funcionamiento de uno u otro programa, el sistema mismo o ante un conflicto ya sea magisterial, presupuestal o político.
No extraña, por tanto, que los legisladores busquen “resolver” lo que consideran un vacío en el SEM modificando la legislación. Desde su publicación en 1993 y hasta febrero del 2017, la Ley General de Educación tuvo 272 modificaciones a 59 de los 85 artículos que la integran; de los cuales tres artículos han tenido el mayor número de modificaciones: el artículo 7 que establece los fines de la educación; el artículo 65 que establece la participación social en la educación, dirigida sobre todo a los padres de familia o tutores, y el artículo 75 relativo a las sanciones o infracciones a la ley.
La falta de conocimiento sobre el Sistema Educativo Mexicano provoca que desde la legislación se traten de componer los grandes problemas nacionales, como garantizar el fomento de la protección civil, las actitudes solidarias, la conciencia nacional o la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, la democracia, las diversas disciplinas olímpicas, la composición pluricultural de la nación, la salud mental, la lectura del libro, la prevención de adicciones, la no violencia, la igualdad de género y los valores de la justicia, como es el caso del artículo 7 de la Ley General de Educación. Una iniciativa de modificación a este artículo, no sólo es sencilla, sino que también sirve para justificar su paso por el Congreso sin preocuparse por el impacto que su iniciativa tenga en las escuelas, los maestros y los alumnos.
En total se presentaron 953 iniciativas de modificación desde la publicación de la Ley General de Educación; y el número crece con cada legislatura, aunque sólo el 7% han sido aprobadas. En el periodo 1997-2000 se presentaron 15 iniciativas, ninguna fue aprobada; mientras que en el periodo 2012-2015 se presentaron 229 iniciativas, de las cuales sólo 3 se aprobaron; en la actual legislatura van 171 iniciativas a febrero del 2017, de las cuales 2 fueron aprobadas.
Algunos especialistas critican no únicamente el desconocimiento de los legisladores sobre el sistema educativo, sino el riesgo que sufriría éste, si sus propuestas fueran aprobadas, pues habría un currículum de 20 o 30 asignaturas en preescolar y primaria.
La mayoría de las iniciativas de reforma a la Ley General de Educación están relacionadas con la educación básica, en contraste, para la educación media superior, no existe una ley que articule un sistema que tiene más de 200 planes de estudio diferentes y que opera con reglas emanadas de Acuerdos Secretariales; y en el caso de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data de 1980, se han presentado 31 iniciativas y ninguna se ha aprobado.
Un problema adicional es la carencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación en el sector educativo. Incluso, en la mayoría de las páginas oficiales de las dependencias educativas no se proporciona información, por ejemplo, sobre el nombre del Secretario de Educación, los Subsecretarios y Subsecretarias, así como las currícula básica de los funcionarios. Hay páginas de las Secretarías de Educación que tienen información precaria o están subsumidas en las páginas del Gobierno del Estado; otras carecen de estadísticas o información sobre el funcionamiento de las escuelas y programas.
Además, si en la entidad o en la federación se pone en marcha un programa “estrella” del gobierno, por lo general se crea un nuevo portal, desvinculado del resto del sistema, cómo si operara sólo y gracias al esfuerzo individual del funcionario en turno.
La información sobre los maestros está prácticamente ausente. ¿Cómo se designan a los maestros? ¿Cuántas plazas se abren al año? ¿Cómo se asignan las plazas, cuántas vacantes se producen al año? ¿Quién puede aspirar a ocupar una plaza? ¿Cuáles son las obligaciones de los docentes, directores y supervisores? ¿Cuál es la estructura del magisterio, quién depende de quién? ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cuántas plazas se han asignado por concurso?
La poca documentación que existe, da por sentado que la sociedad conoce qué son las plazas o asume que todas las plazas de maestros son iguales, cuando en la nómina magisterial hay más de 500 tipos de plazas diferentes, con prestaciones diferenciadas por tipo de maestro, por estado, por zona económica, por estímulo económico, por antigüedad; incluso hay plazas diferentes en cada escuela, entre docentes que trabajan en el mismo grado y horario; por grado de estudios, en fin, la diversidad es enorme.
Al mismo tiempo, se desconoce también el número de supervisiones escolares que existen por entidad, región o municipio, dónde se pueden localizar, para qué funcionan, cuáles son sus atribuciones; o las funciones de los asesores técnicos pedagógicos y tutores.
Por todo la anterior, es claro que la educación en México requiere ser comunicada para que se convierta en un bien público a justipreciar no sólo por el valor que tiene, sino por la importancia y trascendencia del sistema. Requiere explicaciones que contribuyan a mejorarla con información cualitativa, capaz de explicar su funcionamiento, cómo opera y en dónde.
La SEP y sus homólogas en los estados tienen como mandato difundir acciones y actividades, planes y programas que realizan, pero ello no significa que expliquen la operación misma del sistema o lo comparen con otros sistemas educativos a fin de que los tomadores de decisión, los especialistas y la población en general comprendan el entramado institucional del sistema y sus avances.
Por ejemplo, ¿cómo frenar el rumor de la privatización de las escuelas si no hay información en ningún lado que explique que la educación es gratuita y qué significa esto? ¿Cómo frenar el rumor si no hay información que explique qué las cuotas son voluntarias, a cuánto ascienden, para qué se usan, en dónde se cobran, a dónde acudir si se les niega el servicio educativo por no pagarlas? Una declaración o un tuit en la red social, del funcionario en turno no es suficiente. Esa no es una política de comunicación educativa que tenga como propósito informar a la sociedad, cómo funciona y para qué funciona el sistema educativo que hemos construido los mexicanos desde 1921.
Un censo realizado en los últimos 5 años, entre 150 investigadores, especialistas, interesados, legisladores y periodistas sobre el sistema educativo mexicano, reveló la dificultad que tienen para encontrar información sencilla y básica sobre el SEM, así como explicaciones fáciles y comprensibles sobre el mismo. El 80% de las personas consultadas señalaron que requieren al menos consultar cuatro portales educativos para obtener datos.
En efecto, hay al menos cuatro grandes sistemas de información sobre el sistema educativo. La SEP elabora cada año un informe denominado Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano, con un año de retraso; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación elabora el Panorama de la Educación, que recaba estadísticas propias (del INEGI y de la SEP sobre Educación Básica y Media Superior), también con un año de retraso; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) cuenta con un anuario estadístico sobre las universidades y sus programas, con más de dos años de retraso; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elabora un informe anual sobre el Panorama de la Educación Mundial, con un año de retraso. Algunos portales de las Secretarías de Educación de los Estados ofrecen sus propias estadísticas y algunas universidades también ofrecen información sobre su matrícula, docentes y programas e indicadores de desempeño.
Cada portal ofrece información diversa, por lo que a veces, para obtener un dato, es necesario cotejar más de uno de estos informes, para responder preguntas sencillas como ¿cuántas escuelas y de qué tipo existen en el país? o ¿cuántos maestros? ¿Qué estados tiene más escuelas multigrado o indígenas? ¿Cuántos Centros de Atención Múltiple hay en el país? ¿Cuántos centros de investigación hay en las universidades, cuántas no tienen centros de investigación?
Pero si se quiere conocer cuánto dinero llega a las escuelas, es necesario revisar al menos dos portales, el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el de la SEP. Del presupuesto educativo hay que hacer sumas y restas para llegar a la inversión que se realiza para la actividad “provisión de los servicios educativos”, agregar el monto de recursos que se destina al pago de salarios de maestros y dividir entre el número de escuelas estimadas que hay en el país, pero incluso haciendo lo anterior, no garantiza que el resultado sea el correcto, quizá solo una aproximación sobre el monto de recursos que se destina a pagar los servicios de educación básica, media superior o superior.
Lo que sí existen son informes. Muchos informes con cientos de hojas, técnicamente bien elaborados y estudios, algunos con miles de hojas, de tal suerte que el conocimiento sobre el SEM se reduce a un grupo de especialistas, que se han dado a la tarea de desentrañarlo.
¿Para qué se requiere saber todo sobre el Sistema Educativo Mexicano? Es una pregunta que me hacen funcionarios y dirigentes sindicales. ¿A quién le importa? ¿Qué utilidad tiene?
Primero, porque una política de comunicación educativa se convierte en un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia de uno de los sistemas más opacos, que cuesta al año cerca de 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional, y toma alrededor de un cuarto de todo el gasto programable de la federación y los estados; 1 de cada 4 pesos del gasto público se va a un sistema que muy pocos conocen.
Segundo, para poner al día y al servicio de la sociedad el sistema educativo nacional, pues no se aprecia lo que no se conoce. No se puede estar orgulloso de lo logrado si se desconoce lo alcanzado, no se puede entender la complejidad de una reforma, cualquiera que esta sea, si no se palpan los avances, si se espera que la sociedad lea informes sobre la educación de mil hojas o el informe de gobierno del presidente en turno o los comunicados de prensa o las noticias en los diarios y revistas que se publican diariamente.
Tercero, porque el conjunto de la sociedad, no sólo tiene derecho a saber qué se hace con su dinero en el sistema educativo, sino también a entender eso que se dice que se hace y que la mayoría de los funcionarios plasma en enormes volúmenes o informes que se quedan atrapando el polvo de las bibliotecas públicas.
Cuarto, y quizá la más importante, porque la falta de una política de comunicación educativa hoy conspira contra el derecho de las y los niños a tener una educación de calidad.
La Reforma educativa, la primera que se realiza al marco legal después de casi un cuarto de siglo, garantiza a las y los estudiantes el derecho a tener una educación de calidad, un derecho exigible en los tribunales, pero sobre todo que obliga al Estado mexicano a rendir cuentas sobre el mismo.
Un derecho que toma carta de naturalización cuando el Estado mexicano reconoce que el sistema educativo es deficitario, que en el sistema educativo hay pendientes, que es profundamente inequitativo, que tiene carencias, vicios e ilegalidades.
Justamente por ello, frente a la magnitud que implica el cambio, de pasar del derecho a una educación pública, gratuita y laica, a una educación de calidad, se requiere emprender una estrategia global de comunicación educativa, primero para comprender la magnitud de la tarea y después para convencer que la tarea no es sexenal, sino de largo aliento.
Una estrategia de comunicación educativa no equivale a informar sobre las actividades o declaraciones del titular de la dependencia en turno; se trata de una política de comunicación que se aboque a explicar el sistema y contribuya a tener un debate informado sobre el SEM, mostrar sus debilidades, sus urgencias legislativas y presupuestales, así como sus carencias, sus avances, retos y oportunidades.
Una política que contribuya a trazar una ruta de largo plazo para la transformación del sistema educativo, sin prisa, pero sin pausa. Sólo si sabemos lo que impide mejores resultados, se pueden remover dichas barreras u obstáculos.
Sólo si sabemos que los malos resultados de logro de los aprendizajes no son un juicio sobre la capacidad propia de los alumnos, ni de los maestros, sino sobre el desajuste e ineficacia del sistema, lo podremos cambiar.
Sólo si captamos la diversidad, podemos trabajar en focalizar soluciones.
Y sólo si hay una política de comunicación educativa se puede dejar atrás la etapa en la que el periodismo educativo de investigación sea una excepción que se abre paso entre la retórica, la ceremonia y la mera guerra de declaraciones que plaga las interacciones de los funcionarios y los líderes magisteriales.
El periodismo de investigación educativa es parte de la comunicación educativa, pero dará su fruto pleno cuando la autoridad asuma que le toca rendir cuentas y cuando la sociedad, informada, asuma que le toca pedirlas.
Autor:Sonia del valle Fuente:http://soniadelvalle.mx/