La vida de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido muy fructífera pero también accidentada. Durante el periodo de la hegemonía de partido la UNAM significó un espacio de libertades que los miembros de la comunidad ejercieron en medio de episodios turbulentos.
El carácter nacional le fue conferido desde su fundación en 1910 y su autonomía le fue otorgada en 1929. La autonomía había sido anunciada por Justo Sierra. En su propuesta de Universidad expresó: "por ahora hemos debido adoptar una forma de transición entre una corporación gobernada exclusivamente por el poder público y otra que disfrutará de más amplia autonomía".
Después, José Ma. Pino Suárez, vicepresidente de la República y secretario de Educación en el gobierno de Francisco I. Madero, ordenó preparar un proyecto de autonomía universitaria. Las vicisitudes de la Revolución difirieron su aprobación. No obstante, en 1917 la Universidad de Michoacán fue declarada autónoma por ley. Aunque suele decirse que la autonomía universitaria surgió en Córdoba, Argentina, en 1918, la realidad histórica es que la primera universidad autónoma de América fue mexicana.
En 1910 la Universidad no llegaba al millar de estudiantes, pero las necesidades del país aceleraron su crecimiento pues era necesario reconstruir el país, combatir epidemias y atender la salud de una población diezmada por la guerra, instrumentar los avances constitucionales y en general impulsar la ciencia y la cultura de una sociedad en trasformación.
La autonomía de la Universidad Nacional surgió paralela a la hegemonía de partido. Esto generó tensiones dentro de la comunidad y con el Estado. En el interior se perfilaron dos tendencias: convertirla en una especie de reducto opositor o preservarla de la militancia política para conjurar intromisiones contrarias a las libertades académicas.
Por décadas estuvo vigente esa disyuntiva, aunque cuando la deriva autoritaria del régimen se acentuaba, como sucedió en 1968, la esencia liberal de la Universidad llevaba a enfrentamientos con el poder. Por su influencia en la vida pública, la Universidad Nacional se convirtió en un objetivo de grupos políticos que por décadas la mantuvieron en efervescencia continua.
Al estabilizarse la democracia electoral las presiones internas amainaron pues la lucha política se instaló en sus espacios naturales. La crisis universitaria de 1999, la última en el esquema de la lucha por el poder, fracturó a la izquierda y le restó votos en la elección de 2000. Ahora surge otro conflicto, justo cuando el electorado ha dado un giro mayoritario a la izquierda.
Los tiempos que corren han sido adversos para la juventud, agobiada por la violencia y privada de la esperanza, y es justificable su reacción. El movimiento, desencadenado por un provocador acto salvaje, se ha incubado a una velocidad sin precedente.
La reprobación general es una respuesta ante la irracionalidad. Pero además de la legítima indignación, compartida por todos los universitarios, entre las demandas se están deslizando cuestiones que pueden generar discrepancias que dividan y enfrenten a las corrientes progresistas.
Si se accediera a la mal llamada democratización de las universidades, se acogería una vieja tesis política en perjuicio de la calidad académica. Si, por lo contrario, se salvaguardara el criterio de que las reglas de la popularidad, propias de la sociedad política, y las reglas del mérito, propias de la sociedad académica, no son intercambiables, se refrendaría la idoneidad de la vida institucional al margen de los intereses de partido.
El diseño del conflicto muestra un conocimiento fino del déficit de gobernabilidad, del vulnerable sistema universitario y de la coyuntura política. No solucionar a tiempo el problema, o resolverlo mal, sería un revés para el sector académico del país, que ha vivido una etapa de consolidación nacional e internacional. La Universidad es autónoma, pero ni el conflicto ni la solución son sólo suyos.
La UNAM es víctima de una regresión. Vuelve a ser campo de batallas ajenas y a padecer el ataque de grupos de choque. Estamos ante un asunto que atañe a un Estado tan debilitado que ha sido incapaz de reformarse. La ingobernabilidad nunca es gratuita. Veamos si es que los signos están cambiando.