Dada la contingencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso un modelo de enseñanza a distancia que utiliza la televisión como medio de transmisión. Aún no queda claro el acompañamiento que se empleará para que los maestros trabajen con los estudiantes. Para ello, por ejemplo, se requeriría: internet universal permanente; equipos tecnológicos para alumnos y profesores, y capacitación para el aprendizaje a distancia enfocada a diversas edades. Por su parte, la educación presencial requeriría: conectividad en las escuelas y herramientas tecnológicas para recopilación de evidencias docentes; aulas equipadas para clases con sana distancia; baños, agua y jabón; consumibles de gel antibacterial, y directivos orientados y capacitados adecuadamente para manejar la nueva situación escolar.
¿Qué pasará en un contexto con carencias económicas como el estado de Oaxaca? La entidad se caracteriza por ser casi en su totalidad un nudo montañoso; se encuentra entre la Sierra madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada —su orografía complica el acceso a internet. De acuerdo a la Asociación de Internet MX, se necesitan satélites de órbita baja y conectividad aérea para aumentar la cobertura estatal. La falta de conectividad no es propia de municipios alejados de la capital oaxaqueña. Un ejemplo es Cuilápam de Guerrero —ubicado a 11.5 km de la capital— con un alto porcentaje de localidades sin servicio de internet. Lo anterior no es ninguna sorpresa: según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, Oaxaca se sitúa entre los 10 estados con menor porcentaje de población (45%) con acceso a la conectividad.

Además, no hay que olvidar que, tras los sismos de septiembre de 2017, la infraestructura educativa de Oaxaca estaba en recuperación, con un total de 2 965 planteles educativos afectados. En aquel momento, muchos alumnos se quedaron sin aulas y con un proceso interminable de reconstrucción. ¿Dónde quedaron los 70 millones del fondo para reparaciones menores y los 200 millones del Fondo de Desastres Naturales? El entonces secretario Aurelio Nuño señaló que, adicionalmente, se contemplaban 1 800 millones de aseguradoras para la rehabilitación y reconstrucción de escuelas. ¿En qué se utilizaron los 1000 millones que, en 2015, anunció su antecesor Emilio Chuayffet para el mejoramiento y aumento de la infraestructura educativa en Oaxaca? Esas inversiones no se reflejan en una mejoría de las condiciones del estado o en las reparaciones correspondientes.
De acuerdo con el informe de pobreza y evaluación 2020 del Coneval, Oaxaca es el tercer estado con mayor porcentaje de población en condiciones de pobreza (66.4 %). El mismo informe señala que un 57.3 % de la población cuenta con un ingreso laboral per cápita de 1 098.89 pesos, inferior al costo de la canasta alimentaria. Si se agrega el aumento del desempleo, el cierre y bancarrota de negocios familiares, y el colapso de las actividades turísticas a causa de la pandemia, el aumento de la brecha de desigualdad, no únicamente social sino también educativa, será inevitable. No habrá capacidad financiera para el pago de inscripciones o aportaciones voluntarias —a pesar de lo que digan las autoridades federales, son necesarias para la subsistencia de las escuelas—. Además, no se podrá continuar con el pago de servicios como internet, o se llegará al punto de vender o empeñar los equipos electrónicos, quizás la televisión, que podrían ser utilizados para recibir clases en línea.
En Oaxaca no existen las condiciones básicas para que el modelo educativo diseñado para el ciclo escolar 2020-2021 pueda seguirse al pie de la letra. Mucho menos para el modelo Blended Learning, conocido también como aprendizaje híbrido o semipresencial, ante la nueva normalidad. Tampoco es seguro que la implementación apresurada de ambas estrategias sea un éxito.
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 67.3 % de los estudiantes de educación media superior y superior no logró adaptarse a las clases virtuales, y 64.4 % reportó conectividad deficiente. Otro caso es el Tecnológico Nacional de México (TecNM). En el Instituto Tecnológico de Matehuala, San Luis Potosí, algunos estudiantes afirman que la conectividad en su hogar es deficiente; en el peor de los casos, realizan largas caminatas para conectarse a redes públicas o encontrar alguna señal entre los cerros. Son algunos casos que representan muchos de los problemas que viven miles de estudiantes en todo México.
Oaxaca es uno de los estados que más resentirá la falta de herramientas para la adaptación a un modelo educativo a distancia que es discriminatorio y excluyente. Seguramente aumentará la desigualdad educativa: en la entidad, 51.8 % de la población de 15 o más años cuenta actualmente con rezago educativo. Las comunidades indígenas enfrentarán problemas cada vez más complejos para acceder a un derecho universal: la educación. Además, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha rechazado el modelo planteado por la SEP.
Hoy más que nunca, con el panorama de la contingencia sanitaria como escenario, el sistema educativo mexicano debe asegurar que los estudiantes oaxaqueños y del resto del país no dejen, por falta de recursos financieros, tecnológicos y de conectividad, su preparación académica. Urge reorientar el gasto público para mejorar la infraestructura educativa con herramientas tecnológicas y conectividad. De igual manera, es crucial afianzar la gratuidad de la educación en México, especialmente para estados en situación vulnerable como Oaxaca.
Debe recordarse que el antecedente de la gratuidad es del 12 de mayo de 2018, precisamente en Guelatao, Oaxaca, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial, presentó sus 10 compromisos por la educación en México. Resaltó, como primer compromiso: “fortalecer la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo”. Por tal razón, como afirma la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, son necesarias acciones proactivas para terminar con las cuotas abusivas a la educación, utilizadas para extorsionar a las familias pobres. No obstante, la gratuidad necesita de complementos para no terminar de hundir un sistema educativo debilitado, como garantizar financiamiento público suficiente para los planteles educativos; de lo contrario, las intenciones del presidente y la secretaria son sólo una declaración demagógica. Como presidente electo, López Obrador dio a conocer los 100 compromisos de su gobierno; el décimo era establecer el derecho a la educación gratuita, obligatoria, inclusiva, pública y laica en todos los niveles. Tal derecho se concretó el 15 de mayo de 2019 con la promulgación del decreto de reforma del Artículo Tercero de la Constitución, otorgando la rectoría de la educación al Estado.
En Oaxaca, la gratuidad y reorientación del gasto público no deben tener tintes políticos. Por el contrario, demostrarían, en todos lo sentidos, la credibilidad de las autoridades responsables de la educación y evitarían un futuro sombrío para los estudiantes mexicanos. Los retos que se presentarán, antes, durante y después del siguiente ciclo escolar son múltiples, pero sin duda serán aún más pronunciados donde predomina la desigualdad socioeconómica. Se esperaría que estos temas fueran prioritarios. Desafortunadamente no está claro que sea el caso.