La educación popular es aquella que toma como base los saberes de las personas para la construcción del conocimiento; parte del principio de que toda persona tiene experiencias sobre su realidad, y por lo tanto es portadora de saberes y conocimientos que aportan al entendimiento de ésta. La educación popular busca concientizar sobre los saberes, intereses y necesidades de la sociedad para tener la posibilidad de dirigir colectivamente un proyecto de vida donde se reconozcan y respeten las diferencias, es decir, busca generar diálogos desde distintos saberes para la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
La educación popular es un enfoque reconocido como un movimiento pedagógico de liberación y emancipación de y para los sectores oprimidos; tiene un largo recorrido histórico en Europa y América Latina. En México puede ubicarse desde el cardenismo, como proyecto de sistema educativo por parte del Estado como respuesta a las promesas de la Revolución Mexicana, y con los movimientos estudiantiles entre 1968 y 1975 1.
El Estado mexicano históricamente ha implementado una política colonizadora en sus formas de hacer educación, pues el sector educativo, establecido formalmente desde una educación bancaria (donde el aprendizaje se da forma vertical: la figura de la docencia es tomada como figura de saber y verdad, mientras el alumnado es considerado una figura pasiva que tiene que recibir todo el saber y verdad de la primera figura), se ha basado en el modelo educativo modernizador, el cual exige la producción de trabajadores y trabajadoras que atiendan las necesidades de los mercados internacionales, lo que ha puesto y pone en desventaja a una gran parte de la población por sus mismas condiciones sociales, culturales, políticas y económicas.
Según el estudio Panorama de la Educación 2017 de la OCDE, en México sólo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios 2. En retrospectiva y para ampliar el panorama, podemos recordar la desaparición en septiembre de 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (herencia de la educación popular del cardenismo), y poner en perspectiva el actual sistema educativo nacional en contraste con el impacto y la práctica que tiene actualmente la educación popular en la agenda pública.
Lo anterior evidencia la violencia estructural, la falta de consulta ciudadana y la falta de promoción de cultura política ciudadana, al no tomar en cuenta las condiciones, necesidades y diferencias de los distintos grupos poblacionales, lo cual va a contracorriente del principio de igualdad (el cual considera las diferencias de grupos y personas para el acceso a los mismos derechos) y desaprovecha la riqueza humana que el aprendizaje de la educación popular brinda.Por otro lado y desde la educación no formal (aquella que se da de forma organizada, pero fuera de los espacios configurados como escolarizados), la construcción de la educación popular en la actualidad tiende a resolver problemáticas como el acceso a una información no manipulada, los derechos humanos, asesorías legales, así como dinámicas participativas sobre alimentación, salud y vivienda 3.
Desde los derechos humanos y el principio de igualdad que los transversaliza, la educación popular (aun dentro de espacios formales) tiene que actuar como una herramienta imprescindible para el Estado en su obligatoriedad de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, pues es desde el reconocimiento y aprendizaje de las diferencias de género, clase, lengua, origen étnico, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, lugar de residencia, religión, forma de educación, etcétera, que el Estado debe actuar para el cumplimiento de dicha obligatoriedad.
Es importante también considerar distintas problemáticas, como la mediación y negociación de conflictos, en el acceso a derechos dependiendo de las diferencias de condiciones, experiencias, necesidades, desventajas y formas de construir identidades y espacios, donde entonces no se tendría por qué criminalizar a las comunidades por la decisión de conformar y emplear autodefensas, cuando el Estado no garantiza el derecho a una vida libre de violencia, a la justicia, a la información, a la vida; ni tampoco se tendría por qué criminalizar el comercio informal cuando las condiciones educativas y laborales del país son precarias.
La educación popular, los derechos humanos y la igualdad deben actuar desde un principio de realidad crítico que ponga sobre la mesa las problemáticas de los distintos contextos, para así proponer soluciones o mediaciones de conflicto que sigan en construcción y cambio permanente, como la sociedad misma.Otro ejemplo en el que destaca la importancia del contexto e implica un reto a la educación popular (y a todo lo que entendemos por educación) es que en un mundo digital, y más en un momento de emergencia por la pandemia por Covid-19, las pantallas forman parte importante de la vida de las personas, por lo que es necesario entender otras dinámicas, como tiempo de uso, tendencias en visualizaciones, temas de interés, etcétera. De nada servirá dar ponencias mediante plataformas digitales durante cuatro horas o diseñar videos informativos o de sensibilización de 20 minutos, cuando el tiempo de atención por publicación o evento digital no rebasa los 10 cuando no hay interacción.
Así, el entendimiento y reconocimiento de las nuevas realidades digitales (y de cualquier otra) tienen que ser la base para implementar acciones, formas de hacer educación y políticas desde las perspectivas de derechos humanos y de igualdad y no discriminación para la conformación de espacios de participación más horizontales, justos e igualitarios.
La implementación de acciones debe partir del reconocimiento de los procesos históricos diferenciados. Desde ahí la educación popular, los derechos humanos y la igualdad tienen un gran reto que atender.

En conjunto, y desde sus centros, la educación popular, los derechos humanos y la igualdad apuntan hacia un mismo horizonte: uno de lucha, de reconocimiento, de dignidad, donde se ponen en tela de juicio –y desde un principio de realidad crítica– las formas en las que se construye sociedad, donde la integridad de las perspectivas etarias, de género, interculturales e interseccionales debe contemplarse permanentemente para el quehacer político (en el más amplio sentido), la construcción de ciudadanía y personas sujetas de derechos, y el desmantelamiento de la práctica de derechos como privilegios.